Las organizaciones Ayuda a Venezolanos e Inmigrantes (VIA) y el Centro por la Justicia y la Paz (CEPAZ) expresamos nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de venezolanos. Esta medida amenaza la estabilidad y la seguridad de aproximadamente 300.000 personas que pueden enfrentarse a deportaciones masivas a un país donde su vida y sus derechos fundamentales corren peligro. Además, otros 250.000 beneficiarios del TPS, cuya designación sigue vigente, temen que esta decisión marque el inicio de una política más restrictiva que, en última instancia, podría dejarlos también desprotegidos.
Aún más preocupante es la narrativa que rodea a esta decisión, que ha promovido una caracterización injusta y estigmatizadora de los migrantes venezolanos, vinculándolos falsamente con organizaciones delictivas de forma amplia e infundada. Esto no sólo es una distorsión de la realidad, sino que expone a la comunidad venezolana en Estados Unidos a la discriminación, la criminalización y la xenofobia. Según los datos del DHS, menos del 1% de los beneficiarios del TPS tienen vínculos con actividades delictivas, lo que demuestra que estas acusaciones carecen de base factual y alimentan nocivos conceptos erróneos que ponen en peligro la seguridad y el bienestar de miles de personas que han contribuido positivamente a la sociedad y la economía estadounidenses.
Además, la justificación para suspender el TPS basada en la afirmación de que la situación en Venezuela ha mejorado es totalmente inexacta. La crisis humanitaria sigue siendo grave: el 70,6% de la población no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, el acceso a la asistencia sanitaria es extremadamente limitado y se ha intensificado la persecución política. Lejos de mejorar, las condiciones en Venezuela se han deteriorado, con crecientes restricciones del espacio cívico y una escalada de la represión estatal. Tras la crisis postelectoral de 2024, el riesgo de violencia y persecución contra la oposición y la sociedad civil ya se ha materializado, como demuestran cientos de casos documentados denunciados por organizaciones no gubernamentales tanto dentro como fuera del país. Deportar a venezolanos en estas condiciones viola el principio de derecho internacional de no devolución, una protección fundamental aceptada por cientos de países para salvaguardar a millones de refugiados en todo el mundo.
Las consecuencias de esta decisión van más allá de quienes residen en Estados Unidos: también envía un mensaje preocupante a la comunidad internacional. Deportar a los venezolanos los expone a represalias, detenciones arbitrarias y persecución, además de a su posible explotación para la manipulación política. Casos recientes, como el de los solicitantes de asilo deportados por Islandia, han demostrado que quienes regresan son tratados como traidores y sometidos a graves abusos por el régimen venezolano.
Instamos a la administración estadounidense a que reconsidere esta decisión y alinee sus políticas de inmigración con su compromiso histórico con la protección internacional y los derechos humanos. También pedimos que se corrija inmediatamente la dañina narrativa que criminaliza a la población venezolana y que se mantenga el TPS, garantizando la seguridad y la dignidad de quienes dependen de este estatus. Además, hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, a las organizaciones multilaterales y a la sociedad civil para que exijan la protección y los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos.
La crisis de Venezuela no ha terminado, y las vidas de millones de personas siguen en peligro. Como nación que ha defendido históricamente la democracia y los derechos humanos, Estados Unidos tiene la responsabilidad de defender estos principios y proporcionar protección a quienes se han visto obligados a huir de la persecución, la pobreza extrema y la violencia, condiciones claramente descritas en las dos designaciones de TPS para Venezuela, que ahora se enfrentan a la posibilidad real de ser revocadas permanentemente.
