La reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) de cientos de miles de venezolanos ha generado una gran preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) y el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) han condenado enérgicamente esta medida, advirtiendo que pone en peligro la estabilidad y seguridad de aproximadamente 300,000 personas, quienes ahora podrían enfrentarse a deportaciones masivas. De acuerdo con los voceros de ambas organizaciones, los portadores de TPS deportados serían obligados a regresar a un país en el que sus vidas y derechos fundamentales siguen estando gravemente amenazados.

Niurka Meléndez, co-directora de VIA y Beatriz Borges, directora de (CEPAZ) manifiestan que a lo anterior se suma la preocupación de otros 250,000 venezolanos que aún conservan la protección del TPS bajo la designación de 2021 y temen que esta decisión sea el inicio de un cambio hacia políticas migratorias más restrictivas, poniendo en riesgo su estatus en el futuro.

Una narrativa peligrosa y engañosa
Meléndez y Borges explican que “más preocupante aún que el cambio de política en sí, es la retórica que lo acompaña. La decisión ha estado acompañada de afirmaciones engañosas que asocian falsamente a los migrantes venezolanos con organizaciones criminales. Desde nuestras organizaciones enfatizamos que estas caracterizaciones no solo carecen de fundamento, sino que también fomentan la discriminación, criminalización y xenofobia contra la comunidad venezolana en Estados Unidos”.

Las activistas citan que “los propios datos del DHS contradicen esta narrativa, demostrando que menos del 1% de los beneficiarios del TPS tienen vínculos con actividades criminales. La representación de los migrantes venezolanos como una amenaza a la seguridad carece de base fáctica y socava las significativas contribuciones que hacen a la sociedad y la economía de los Estados Unidos”.

Una crisis humanitaria ignorada
Meléndez y Borges rechazan rotundamente la justificación para suspender el TPS basada en la afirmación de que las condiciones de vida en Venezuela han mejorado. “En realidad, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis humanitaria. Más del 70.6% de la población no puede costear las necesidades básicas, lo que obliga a muchas familias a vivir en extrema pobreza. Los servicios de salud son extremadamente limitados, dejando a millones sin acceso a atención médica esencial, incluidos tratamientos vitales. Mientras tanto, la persecución política continúa intensificándose, especialmente después de la crisis poselectoral de 2024, con crecientes restricciones al espacio cívico y una mayor represión estatal”.

“Lejos de mejorar, las condiciones en Venezuela han empeorado aún más, lo que convierte las deportaciones de venezolanos en estas condiciones en una violación del principio del derecho consuetudinario internacional de no devolución, un pilar fundamental aceptado por cientos de países que ampara a millones de refugiados en todo el mundo”, aseguran las directoras de VIA y CEPAZ.

El impacto global de las decisiones políticas de EE.UU.
Por otra parte, Meléndez y Borges advierten que las implicaciones de esta decisión van más allá de las fronteras de Estados Unidos y podría establecer un peligroso precedente para otras naciones y envíar una señal de retroceso en el papel histórico de Estados Unidos como líder en derechos humanos y protección de refugiados. El peligro de deportación de muchos venezolanos no solo los expone a amenazas directas, como detenciones arbitrarias y persecución, sino que también permite que regímenes autoritarios utilicen a estos retornados como herramientas de manipulación política y represalia. “Casos recientes de deportaciones, como los llevados a cabo por Islandia, han demostrado los peligros reales que enfrentan los venezolanos al regresar. Muchos son etiquetados como traidores y sometidos a graves abusos por parte del régimen de Nicolás Maduro” aseveran.

Llamado a la protección de los inmigrantes
VIA y CEPAZ instan a la administración de EE.UU. a reconsiderar esta perjudicial decisión y a alinear sus políticas migratorias con su histórico compromiso con los derechos humanos y la protección internacional. “Las organizaciones solicitan la inmediata reinstauración del TPS para garantizar la seguridad y dignidad de los migrantes venezolanos. Además, es necesario poner fin a las narrativas dañinas que estigmatizan a los refugiados venezolanos, ya que contribuyen a la discriminación y la hostilidad injustificada hacia esta comunidad vulnerable. “Creemos que se requiere una mayor solidaridad internacional para defender los derechos y la protección de quienes huyen de la crisis en Venezuela, la cual está lejos de haber terminado”.

Para VIA y CEPAZ, la necesidad de protección internacional sigue siendo urgente. Por lo que exhortan a que, como nación que históricamente ha defendido la democracia y los derechos humanos, Estados Unidos mantenga estos principios proporcionando refugio a quienes huyen de la persecución, la pobreza extrema y la violencia. “La vida de millones de personas está en juego, y darles la espalda no es una opción” concluyen.

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